En la provincia de Bocas del Toro de Panamá, los trabajadores de las plantaciones de banana que estaban en huelga fueron reprimidos brutalmente: por la policía se han denunciado asesinatos, más de 100 heridos y por lo menos 300 detenciones.
El día 8 de julio, en Bocas del Toro, 6 trabajadores perdieron la vida y diversos dirigentes sindicales fueron arrestados. También se ha ordenado arrestar a Genaro López y Saúl Méndez, dirigentes del SUNTRACS, el Sindicato de los trabajadores de la Construcción y socio de los proyectos de cooperación internacional de Sindicalistas Solidarios de la UGT. La causa de las órdenes de detención es que ambos dirigentes se solidarizaron con los trabajadores en huelga de Bocas del Toro.
Tras los abusos cometidos por los antimotines de la policía se han iniciado más protestas y huelgas contra el Gobierno de Panamá. Los excesos policiales se fundamentan en una ley que lesiona derechos fundamentales como el derecho a huelga y a la libertad sindical. La ley 30 , llamada popularmente "ley chorizo", permite despedir a trabajadores en huelga y penaliza a los trabajadores que protestan en la calle, hasta con 2 años de cárcel.
En una carta enviada a las autoridades de Panamá, la Confederación Sindical Internacional (CSI) pide al Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que tome medidas urgentes para disminuir el nivel de tensión en el país y que se inicien las investigaciones necesarias para esclarecer los asesinatos de trabajadores y establecer las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. Además también exige la derogación de la Ley 30.
La parte más polémica de esta ley es que condiciona el ejercicio de la ley de huelga,hasta el punto de que en la práctica se puedan suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la “protección” de la empresa, cuya “operatividad” quedaría así garantizada.
El abuso que supone esta ley junto con diversas demandas ignoradas de mejora de las condiciones laborales ha provocado que 1.200 empleados de las obras de ampliación del Canal de Panamá comenzaran recientemente una huelga indefinida. El Grupo Unidos por el Canal, que obtuvo el contrato de las obras del Canal por un importe de 3.120 millones de dólares (2.250 millones de euros) está liderado por Sacyr Vallehermoso. Fuentes sindicales panameñas denuncian que la constructora española pretende obligar a los trabajadores a renunciar al sindicato, en aplicación de la citada ley y ya ha despedido a diversos trabajadores en huelga. El Grupo Unidos por el Canal también lo integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nuil y la panameña Constructora Urbana.
Más información en:
http://www.frenadesonoticias.org/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Represion_y_asesinatos_en_Boca_del_Toro.pdf
